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| Obra 'Abismos', 3D, de Eduardo Kobra, em frente ao Memorial da América Latina-SP |
Por Ivonaldo Leite
En general, en
Latinoamérica, los problemas asociados a la producción, el tráfico y consumo de
drogas afectan la calidad de vida de la población y están ligados a formas de
exclusión social y debilidad institucional, generando mayor inseguridad y violencia.
América Latina concentra la totalidad de producción global de hoja de coca,
pasta base de cocaína y clorhidrato de cocaína. Además de esto, posee una
producción de marihuana que se extiende hacia distintos países y zonas,
destinada tanto al consumo interno como a la exportación. Y, crecientemente,
produce amapola y elabora opio y heroína.
Conforme un
estudio de la CEPAL, la zona del Caribe sigue siendo la ruta más frecuente para
el tráfico de drogas hacia los Estados Unidos, pero la ruta del Pacífico, pasando
por América Central, ha ganado importancia relativa. En los últimos tiempos ha
cobrado importancia el transporte fluvial desde los países productores de
cocaína a través de Brasil. La marihuana, seguida de la pasta base de cocaína,
el crack y el clorhidrato de cocaína son las drogas ilícitas de mayor consumo
en la región.
La producción
de drogas ilícitas en Latinoamérica ha estado caracterizada por la expansión o
el desplazamiento continuo de áreas agrícolas destinadas a la misma. Grandes
poblaciones de campesinos e indígenas se han incorporado a los cultivos
ilícitos del narcotráfico, y esta situación se mantiene debido a que la
rentabilidad de los cultivos lícitos sigue siendo negativa, mientras la
producción de marihuana, coca y amapola permite mayores ingresos económicos.
Tan sólo en Bolivia, a principios de los años 2000, se estimaba, según la
CEPAL, que la actividad vinculada a la economía de la coca generaba alrededor
de 135.000 empleos, lo que equivalía a un 6,4% del empleo del país.
En países como
Colombia, Perú, Bolivia y otros en menor medida, la población indígena y
campesina es utilizada por los narcotraficantes para el cultivo de coca,
marihuana y amapola, dadas sus necesidades económicas y los problemas de la
colocación de sus productos en el mercado. En la selva media y alta de Perú, el
estado de abandono y pobreza existente, las condiciones ecológicas y
climáticas, la limitada articulación con los mercados, la baja rentabilidad de
la producción, la carencia de alternativas económicas y la presencia de las
mafias internacionales dedicadas al tráfico ilícito de drogas, han promovido
una producción de hoja de coca excedentaria. Estos factores predisponen al
productor agrícola a orientar su actividad económica al cultivo de coca como
única opción que le permite procurar los recursos indispensables para
garantizar su sobrevivencia familiar y colectiva.
En nivel local
del microtráfico destaca una creciente participación de mujeres de bajos
ingresos y de menores, lo cual genera problemas judiciales y penales que no
tienen precedentes. En zonas de baja presencia o controlo del Estado, el
microtráfico se constituye fácilmente en una estrategia de supervivencia
adoptada por mujeres con jefatura de hogar e incluso por personas de la tercera
edad de escasos recursos. Muchas personas de bajos ingresos terminan
abandonando sus ocupaciones previas dado que el tráfico de drogas le provee
ingresos substancialmente mayores. En muchos enclaves urbanos de América
Latina, el tráfico de drogas genera o refuerza una cultura de la ilegalidad que
corroe las normas mínimas de sociabilidad. De esta manera, la violencia
generada en factores políticos y económicos ha sido reforzada por violencias
generadas en actividades criminales, específicamente pelo narcotráfico. Esta es
una realidad presente, por ejemplo, en ciudades brasileñas como Río de Janeiro.
La política de
guerra a las drogas ha fracasado. Pese al aumento de las capturas de drogas, a
la detención de narcotraficantes y a la destrucción de grandes redes, los problemas
asociados al consumo de drogas no han disminuido, y la disponibilidad de drogas
ilícitas en los mercados no se ha reducido. Esa política acumula una serie de
contra-efectos. Por ejemplo, entre los ellos, se cuentan un alto número de
víctimas en términos de mortalidad y morbilidad, sin una reducción en el
consumo de drogas. También hay un alto número de “bajas políticas” y penales
entre la clase política, las autoridades civiles, judiciales y policiales, por
efecto de la corrupción. En algunos contextos existen serios trastornos en las
relaciones políticas internacionales, y en otros casos en las nacionales, como
en México. La supuesta represión a las drogas también ha servido de pretexto
para imponer posiciones políticas e ideológicas en Latinoamérica.
El fracaso de
la política de guerra a las drogas ha llevado al desarrollo de enfoques
alternativos. En ese sentido puede ser referido el paradigma de reducción del
daño. El uso de estrategias de reducción del daño para controlar la demanda de
drogas en importantes ciudades de Europa ha acompañado al creciente proceso de
municipalización del manejo de la cuestión. En esta perspectiva, la educación
está llamada a desempeñar un papel central en las acciones de prevención,
aliando, por ejemplo, acciones socioeducativas y promoción de la salud.
Esto es, de
acuerdo con la definición clásica de promoción de la salud, es importante (a
través de la educación) ofrecer orientaciones y dinámicas a las personas que
hacen uso problemático de drogas para que ellas mismas también actúen en la
mejora de su calidad de vida y salud. En ese sentido, se trata de una
capacitación que debe involucrar a las comunidades mediante estrategias de
educación popular y de formación de educadores sociales.
Se trata, pues,
de construir un nuevo paradigma de políticas sobre drogas, el cual se apoya,
entre otras, en tres premisas: el rechazo del tipo de medicina que niega el
derecho del individuo a disponer de sí y de su cuerpo; la denuncia de intereses
políticos e ideológicos detrás de acciones de la llamada guerra a las drogas;
la acogida humanitaria de las personas que hacen uso problemático de drogas.
Estas son algunas de las perspectivas para una nueva política sobre drogas en
América Latina que sea inducida por la educación y la promoción de la salud.
